Las trabajadoras domésticas de Los Pinos no paran. He allí a Osorio Chong, cubeta en mano, defendiendo la limpieza de la Ley de Seguridad Interior y al Ejército chantajista que la exige. He allí al personal de la PGR, tallando a Raúl Cervantes -el Fiscal Carnal- con loción antibacterial, esperando eliminar el mal olor que produce su falta de autonomía. He allí a Roberto Campa, cargando con toallitas desinfectantes, defendiendo la pulcritud de la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras los padres de los 43 miran incrédulos. Tantos intentando desinfectar, quitar las manchas, transformar a Enrique Peña Nieto en un sonriente y autocomplaciente Mr. Clean.
Para la Camarilla Clorox, la tarea es limpiar a como dé lugar. Tratar de ocultar lo que la sociedad civil y la academia y el colectivo #FiscalíaQueSirva y los padres de Ayotzinapa llevan años advirtiendo, denunciando. Los Pinos y la PGR y partes del Senado huelen a podrido. Huelen a descomposición. Huelen a simulación. Desde distintas instituciones están surgiendo posicionamientos cuyo objetivo no es normar eficazmente al Ejército o mejorar la procuración de justicia o lidiar con la desaparición forzada, sino asegurar la protección de la podredumbre. Rociar cloro por doquier para que no queden rastros de sangre, o de balas, o de restos humanos, o de corrupción gubernamental.
En el Senado avanza la Ley de Seguridad Interior, que le otorgará al Ejército tareas de seguridad pública que no son propias de la autoridad militar. Lo dicen expertos en el tema. Lo dicen organismos internacionales y nacionales. Lo dice la Constitución. Y a pesar de ello César Camacho y Roberto Gil Zuarth insisten en iniciativas que le dan manga ancha a los militares, cuando esa no es la solución a la crisis de violencia e inseguridad que vive el país. Se trata de normar al Ejército para acotar su labor, no para expandirla. Se trata de construir policías confiables vía la profesionalización, no de agigantar Generales vía la militarización. Se trata de crear un estado de Derecho, no de permitir un estado de excepción. Pero a pesar de la evidencia en contra de la Ley que el gobierno quiere aprobar, Osorio Chong continúa defendiéndola. Impulsándola. Vociferando sobre su pulcritud y ocultando su tufo.
Lo mismo ocurre en la PGR donde Raúl Cervantes sigue despachando y quiere permanecer por nueve años a pesar de su cuatitud, su falta de autonomía. Donde sigue cabildeando para convertirse en el próximo Fiscal General a pesar de que no tiene la independencia para hacerlo. Y por ello en la audiencia celebrada en la CIDH, donde el colectivo #FiscalíaQueSirva fue a demandar una designación distinta para una institución plenamente remodelada, los subalternos del Fiscal Carnal se dedicaron a leer el artículo 102 Constitucional en lugar de responder a los cuestionamientos hechos. Los miembros de la Comisión de Justicia del Senado ni siquiera se presentaron, porque están demasiado ocupados simulando elegir al Fiscal Anticorrupción “autónomo”. Todos priorizando nombramientos en vez de procedimientos, como dijo Alfredo Lecona. Todos rociando el recinto con spray desodorante para tapar maniobras malolientes.
Mientras tanto, el Subsecretario Roberto Campa retomó la defensa de la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa “porque no se ha consolidado otra hipótesis”. Allí, en la CIDH, el gobierno mexicano fue a descalificar su labor. Allí, en su propia casa, el Estado fue a desacreditar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Si antes la consigna era “Fue el Estado” ahora debería ser “Sigue Siendo el Estado”; ese Estado que ha desechado las líneas de investigación que planteó el GIEI antes de ser expulsado del país. Líneas no exploradas por ser demasiado incómodas. Hipótesis que son más que eso, ignoradas porque apuntan al involucramiento de la Policía Federal, la policía estatal, la policía municipal y el Ejército.
Pero ante el descubrimiento prosigue el encubrimiento. Prosigue el desinfectante. Y el blanqueador. Y el cloro desparramado para tapar el hedor que expide un cadáver descompuesto, el Estado mexicano.
