Un caso paradigmático que resume lo que está fundamentalmente podrido en el país. Las policías. El Ejército. La Procuraduría General de la República. Los peritos. Lo que le pasó a 43 normalistas podría pasarle a cualquier otro mexicano, cualquier día. Desaparecer sin rastro y que el Estado no sea capaz de proveer una explicación.
Porque hay demasiados intereses que proteger o incompetencia que ocultar. Ayotzinapa es un microcosmos de lo que sucede, día tras día, en un país de fosas, de desapariciones forzadas, de casi 28 mil mexicanos que nadie encuentra. Un patrón de reportes contradictorios, pistas falsas, manipulaciones evidentes, líneas rojas y fuerzas intocables, como describe el periodista Témoris Grecko en el libro “Ayotzinapa. Mentira histórica”. Estado de Impunidad, impunidad de Estado. Una mezcla tóxica de maldad y descuido, torpezas y prevaricación.
Y habrá quienes ya estén cansados del tema; los que dicen “ya chole”, los que insisten en que los normalistas eran criminales y secuestradores, por lo que merecían morir. Pero más allá del cansancio de los cínicos o el reproche de los malinformados hay un tema central. Ayotzinapa merece ser desentrañado por lo que revela. Necesitamos entender el histórico y geográfico vital que explica cómo pudo ocurrir una atrocidad de este tamaño. Necesitamos comprender lo que significa el “Pentágono de la Amapola” y las complicidades que ha generado entre las “fuerzas del orden” en Iguala y más allá. Necesitamos evidenciar las complicidades criminales que han llevado a ocultar lo que verdaderamente ocurrió esa noche. Todo lo que el Estado mexicano -con el grupo delincuencial que enquista- no quiere explicar sobre la actuación de la policía municipal, la policía estatal, la Policía Federal y el 27 Batallón del Ejército.
Y por ello la persistencia de preguntas apremiantes para las cuales no ha habido respuesta aún: ¿Las fuerzas del orden en Iguala no sabían quiénes eran los normalistas y qué hacían? ¿Por qué fuerzas policiales los atacaron a balazos en la ciudad en vez de aprehenderlos? ¿Por qué las fuerzas federales y el Ejército -enterados por las comunicaciones del C4- no actuaron en defensa de ciudadanos indefensos? ¿De dónde sacaron el hueso de Alexander Mora Venancio que Tomás Zerón “halló” en el río San Juan? ¿Por qué desaparecieron los videos en el Palacio de Justicia de Iguala? ¿Por qué evadió la PGR seguir la línea de investigación que involucraba a la policía de Huitzuco? ¿Por qué la PGR insiste en que llevaron a los 43 al basurero de Cocula si evidencias y testimonios muestran una dispersión, y la evidencia científica comprueba que no fueron quemados allí?
En lugar de respuestas, la PGR ha ofrecido engaños, mentiras históricas, obstaculización, y el traslado de Tomás Zerón -acusado de sembrar evidencia- a otra dependencia gubernamental. Ha negado que el caso de los 43 se trata de desapariciones forzadas. Ha extraído confesiones bajo tortura, perdido evidencia, fabricado culpables, solapado peritajes de baja calidad, fragmentado la investigación, y reiterado que la “verdad” se encuentra en el basurero de Cocula para así responsabilizar al crimen organizado y no a miembros del Estado.
Ha ignorado las hipótesis sobre el quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región. Ha intentado desprestigiar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa vía plumas pagadas, televisoras cómplices y activistas manipulados. Y finalmente ha colocado una línea roja alrededor del Ejército, involucrado en Ayotzinapa por lo que hizo o lo que dejó de hacer.
Porque hay un tema que nadie quiere tocar, a dos años de distancia. El que le da contexto y sustancia a lo ocurrido esa noche, la más triste. El negocio de la droga que no aparece ni por asomo en los expedientes de la PGR, ni en la prensa, ni en las presentaciones de Arely Gómez, ni en los discursos de los generales, ni en las palabras de Peña Nieto. Dos años después, una explicación coherente y creíble sigue tan ausente como los 43.
