Décadas de tradición y práctica constitucional que le permitieron a México evitar la militarización, ahora amenazadas por el Ejército empoderado. Empecinado. Engolosinado con el poder que ha adquirido y razón por la cual va por más.
Con la iniciativa de ley para la “Seguridad Interior” que busca darle protección legal a aquello que los militares hacen extralegalmente. Con la propuesta para suspender las garantías individuales sin controles, sin transparencia, sin vigilancia civil al ámbito militar. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados. México encaminándose a un Estado de excepción, donde la excepción se vuelve la regla.
Porque el general “Milfuegos” amenaza con un motín militar si no le dan la cobertura constitucional que requiere para seguir en las calles. Porque después de años de guerra, 52 mil elementos desplegados, 84 operaciones regionales para “reducir la violencia”, el despliegue de 75 puestos de seguridad, 213,000 muertos, un índice de letalidad espeluznante en el cual el Ejército mata a 8 por cada 1 que hiere, 12,408 quejas ante la CNDH y el involucramiento de mandos militares en Tlatlaya y Ayotzinapa, el general necesita leyes que le laven la cara. Leyes que lo protejan a él y a otros altos mandos. Leyes para evitar que algún día la Fiscalía General o la comunidad internacional lo llamen a rendir cuentas. Y como sabe que eso es posible, anuncia que si no las consigue, regresará a los cuarteles, a sabiendas del temor que eso inspirará. Incita a la desobediencia castrense para producir la protección civil.
Pero lo que hay detrás de la exigencia para “regular el uso de la fuerza” es el permiso para aplicarla inconstitucionalmente. Para darle atribuciones al Ejército que no debería tener. Para centralizar el poder y debilitar el federalismo después de criticar a los gobernadores y a los presidentes municipales por no ejercerlo adecuadamente. Para militarizar a México de modo sigiloso, tramposo. El propio Peña Nieto lo admitió al declarar que “el Ejército hace funciones de investigación y funciona como Procuraduría”. He ahí una cesión voluntaria del poder civil al poder militar para que ocupe los vacíos que las policías y el sistema de justicia penal no han podido llenar. Los vacíos que deberían llevar a la pregunta central: ¿Quién debe estar a cargo de la seguridad pública del país? ¿El Ejército o las policías?
La respuesta no debería siquiera estar a debate. La respuesta se halla en la limpieza, fortaleza, regulación y profesionalización de civiles. De allí deberían partir las leyes, los recursos, las asignaciones presupuestales, las reformas constitucionales. Pero en los últimos dos sexenios, tanto Calderón como Peña Nieto han demostrado dónde están sus preferencias, dónde están sus compromisos. No con los azules sino con los verdes. No con las patrullas sino con los tanques. La evidencia está en el crecimiento del presupuesto para el Ejército vis à vis el decrecimiento de lo que la Federación destina a policías locales y estatales. La autoridad civil destruye la posibilidad de la profesionalización policial, creando un círculo vicioso: como no hay buenas policías necesitamos al Ejército, pero mientras usemos al Ejército jamás profesionalizaremos a las policías.
Y Enrique Peña Nieto permite esto por pusilánime, por débil, por el miedo que tiene de perder el poder si el Ejército no lo apuntala. Por el temor que carga ante tantos homicidios, tantos desaparecidos, tantas fosas, y el juicio internacional e histórico que invitarán. Para protegerse a sí mismo está dispuesto a hacerle concesiones inaceptables al general Cienfuegos y los suyos. Está dispuesto a violar la Constitución y volver legal lo que ningún Presidente civil ha permitido por los peligros que entraña. Una situación de la cual no habrá ruta de regreso o será después de muchos más muertos, desaparecidos, torturados o ejecutados extrajudicialmente. Está avalando -de la mano del Congreso y sus iniciativas- un auto-golpe de Estado. Porque en lugar de regresar al Ejército a los cuarteles, el gobierno está permitiendo la cuartelización del país.
