Nadie del PRI parece salvarse de lo que hoy es la principal causa de la insatisfacción política, la principal razón detrás del desasosiego nacional. Y ante ello, quien debería ser baluarte y ejemplo, adalid y artífice de la lucha contra la corrupción, guarda un ominoso silencio. El Sr. Presidente, callado, obliterado, o dando discursos que no dicen nada y esquivan el tema central de nuestro tiempo. O nombrando apresuradamente a 18 jueces anticorrupción sin la debida auscultación para determinar su idoneidad para el puesto. Protegiendo al PRI, protegiéndose.
No es ni debería ser aceptable que Peña Nieto rehúse proveer explicaciones creíbles sobre escándalos recurrentes. No es ni debería ser aceptable que ante la información que sale a flote o se filtra, siga encubriendo a su partido. Nos debe claridad y contundencia. Nos debe verdad y evidencia. Nos debe describir exactamente por qué defendía a Tomás Yarrington, cuando ya era acusado por la DEA de haber recibido sobornos del crimen organizado.
Nos debe precisar si existió la alianza de facto entre la mafia tamaulipeca y la mafia atlacomulquense, urdida por Montiel y perpetuada por su protegido político. Porque esa es la noticia explosiva que ha pasado desapercibida; la nota central que ha pasado de largo, tapada por el lodazal diurno en el cual reman todos los partidos, cada cual en su canoa enfangada.
¿Es cierto o no que Yarrington envió dinero para campañas en el Estado de México? ¿Es cierto o no que Yarrington mandó a un operador -Simón Villar- para financiar maniobras políticas en territorio mexiquense durante años? ¿Por qué la PGR mantuvo congelada la orden de aprehensión contra Yarrington a lo largo de cuatro años? ¿Por qué nunca se actuó contra él a pesar de que sobre su cabeza ya pesaban acusaciones en una Corte federal estadounidense por distribución de drogas y lavado de dinero? ¿Por qué la PGR se tardó hasta noviembre de 2016 en ofrecer una recompensa por el ya prófugo? ¿Por qué finalmente fue la justicia estadounidense y no la mexicana la que logró dar con su paradero, procesarlo, exigir extraditarlo?
Y más. En la misma semana en la cual la conexión Yarrington-Peña Nieto queda expuesta, emerge otro vínculo igualmente venenoso: el que ata a un empresario -testigo protegido conocido como “El Rey de los Dragones”- a Humberto Moreira, al ex gobernador priista de Tamaulipas, al ex gobernador panista de Aguascalientes y al propio Peña Nieto. Todos ellos mencionados en el reportaje de Eje Central, basado en declaraciones presentadas en juicios al norte de la frontera. Todos ellos supuestos beneficiarios de sobornos millonarios a cambio de los cuales otorgaban contratos carreteros y otras obras. Todos ellos señalados como cómplices de una red de lavado de dinero que recorría el sistema financiero estadounidense vía empresas fantasma.
Los firmantes del “Pacto de McAllen”, en el cual los reunidos ahí acordaron apoyar la candidatura de quien hoy ocupa la silla presidencial.
La única respuesta que hemos obtenido desde la aparición de este periodismo de investigación es el ofuscamiento. El mutismo ante 79 páginas desclasificadas de declaraciones. El esfuerzo por cambiar de tema y virar la atención hacia Delfina Gómez o Josefina Vázquez Mota. El intento por justificar la corrupción priista con la corrupción panista o morenista y proveerle la misma equivalencia política. Si todos son corruptos, entonces nadie puede apuntar o exigir o confrontar. Si todos obtuvieron recursos o regalaron contratos o rasuraron nóminas, entonces nadie en particular puede ser acusado de haber creado el lodo, ya que todos nadan en él.
Los debates se convierten en una andanada de acusaciones sobre quién robó más, quién mintió más, quién se embolsó más. Y la posibilidad de justicia se pierde, aplastada bajo los tambos de toxicidad compartida. No más.
La mudez del Presidente daña a su partido, daña al país, daña a la democracia que la corrupción compartida amenaza con destrozar. Hoy es imperativo saber qué supo, cuándo lo supo y qué va a hacer al respecto. Explíquese, Sr. Peña Nieto.
