Los golpistas


27 de noviembre, 2017
Denise Dresser

A escondidas, a oscuras, de manera velada y veloz un manojo de diputados y senadores del PRI, el PVEM y los #Rebeldes del PAN prepara el equivalente a un golpe militar. Con propuestas negociadas y avaladas por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, un grupo de legisladores allana el camino para algo que México nunca vivió ni quiso.

Una Ley de Seguridad Interior que pretende inaugurar un escenario inédito. Un escenario peligroso. El predominio del poder militar por encima del poder civil. El general Cienfuegos con más fuerza para hacer y aprobar leyes que el propio Presidente. El Ejército exigiendo y el Congreso acatando.

Ante la violencia desbordada, demasiados piensan que no hay más remedio que continuar por la ruta armada. Y están dispuestos a violar la Constitución, ignorar la evidencia, desechar los tratados internacionales y violar derechos fundamentales para darle a las Fuerzas Armadas lo que quieren.

No importa que una década de guerra fútil contra las drogas haya producido sólo más muertos, más crimen, más sangre en el suelo. No importa que múltiples estudios académicos publicados subrayan la causalidad entre la salida del Ejército a las calles y el incremento en la violencia. No importa el incremento en los “índices de letalidad” que contabilizan la brutal desproporción entre muertes civiles y muertes militares en cada confrontación. No importa que Enrique Peña Nieto tan sólo haya emulado la estrategia de seguridad de Felipe Calderón con los mismos malos resultados. No importa que ya hay más de 50 mil militares desplegados en la tarea de “reducción de la violencia” y ésta no cesa.

En la elaboración y votación de la Ley de Seguridad Interior sólo importa una cosa: hacer lo que las Fuerzas Armadas pidan porque se avecinan tiempos electorales y todos -partidos y candidatos- quieren a los soldados de su lado. El Ejército propone y el Congreso dispone. A la orden.

A la orden para aprobar una ley que ampliaría el concepto de “uso legítimo de la fuerza”, permitiéndole a las Fuerzas Armadas repeler de manera agresiva formas de resistencia social no agresivas. A la orden para fortalecer al poder militar sin control adecuado por parte del Poder Ejecutivo o Legislativo, sin contrapesos, expandiendo el aparato castrense a cada vez más funciones civiles. A la orden para violar la Constitución donde claramente se establece que “las instituciones de seguridad púbica serán de carácter civil”. A la orden para ignorar tratados internacionales que colocan límites a la intervención militar en tareas de seguridad pública y rechazar recomendaciones sobre cómo encarar el problema de la violencia de mejor manera.

Hoy los artífices de la militarización mexicana -incluyendo los gobernadores- no actúan como representantes de la población, sino como soldados de Salvador Cienfuegos. Su lealtad no es a la Constitución, sino a quienes quieren tergiversarla para que los encubra. Para que los proteja. Para que no acaben algún día ante la Corte Penal Internacional por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Para que no terminen alguna vez en el banquillo de los acusados por haber convertido a México en un país de fosas, de desaparecidos, de madres desesperadas que buscan hijos y madres desoladas que encuentran huesos.

Y una población atemorizada aplaude el reforzamiento militar por temor. Por frustración. Por saber que en estados como Tamaulipas es preferible la presencia del Ejército que sobrevivir en tierra de nadie. Mano firme, reclaman. Mano dura, exigen. Cuando ahí están los resultados: octubre, el mes más violento en los últimos casi diez años. Más de lo mismo que sólo desemboca en peor de lo mismo. Más de lo mismo que condena a México a seguir utilizando la misma estrategia, pero con la esperanza irracional de producir resultados distintos.

Cuando la respuesta es otra. No se halla en un golpe de Estado sino en la rehabilitación del Estado. No se trata de comprar más tanques sino de formar más policías. No se trata de sacar al Ejército de las calles mañana, sino de retirarlo de manera escalonada y paulatina, mientras se fortalecen las instituciones civiles. No se trata de normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en los terrenos de seguridad pública, sino de crear las condiciones para que salgan de ahí. Pero esas condiciones sólo existirán si los legisladores empiezan a actuar como estadistas y dejan de trabajar como golpistas.