Así lo constató la PGR, encabezada por Raúl Cervantes, en su respuesta al reportaje de The New York Times sobre cómo el gobierno había violado la ley en la investigación sobre Ayotzinapa. La vocera del Fiscal Carnal simplemente dijo que el documento incriminatorio, producto de una investigación interna, era “legalmente inexistente”. O sea, existe pero no realmente. Existe pero no para la opinión pública o los padres del los 43. 177 páginas que describen una realidad consignada a la post-verdad: todo aquello “relacionado con circunstancias en la cuales datos objetivos son menos influyentes en moldear la opinión pública que las emociones o las creencias personales”.
O las narrativas oficiales en las cuales se sigue insistiendo, mientras el tiempo pasa, el horror se normaliza, la mentira histórica se repite. Que los normalistas fueron agredidos únicamente por el crimen organizado. Que todos fueron quemados en el basurero de Cocula. Que no se trata de desapariciones forzadas. Que no fue el Estado. Eso que el documento negado y también citado por Anabel Hernández en el libro La verdadera noche de Iguala contradice. Las numerosas irregularidades detectadas a lo largo de una investigación que desembocó tramposamente en el basurero de Cocula y hoy no va a ningún lado. Cómo Tomás Zerón llevó a un testigo al Río San Juan sin su abogado presente, y el hecho de que esa visita -que derivó en la acusación de siembra de evidencia- no fue consignada en el expediente. Y más.
Todo lo detallado en la “Evaluación Técnico Jurídica” elaborada por el visitador de la PGR, Alejandro Chávez Flores y entregada a Arely Gómez, antes de que fuera removida del puesto. Todo lo que incrimina al Estado mexicano en la falsificación de evidencia, la tortura a testigos, los documentos apócrifos, el ocultamiento deliberado de la verdad. Todo lo que el reporte sugiere que la PGR debe hacer y no ha hecho: seguir las líneas de investigación que el GIEI indicó antes de su salida obligada del país: replantear la investigación para enfocarse en la policía estatal de Guerrero, la policía federal, el 27 Batallón de Infantería y lo acontecido particularmente con los autobuses que podrían haber contenido heroína. Pero en lugar de reencauzar la indagatoria, el gobierno archivó el informe incómodo, removió a la procuradora que lo había solicitado, le proveyó protección política a Tomás Zerón enviándolo a otro puesto, le apostó al olvido. Y el “whistleblower” Chávez Flores renunció, diciendo que lo habían colocado “ante la disyuntiva de hacer lo correcto y conservar el cargo”.
Esto pudo ocurrir porque hay personas a las cuales el Estado mexicano quiere proteger, investigaciones que el Ejército busca frenar, verdades que Enrique Peña Nieto prefiere enterrar. Los encargados de construir la narrativa post-verdad siguen allí en puestos de poder, intocables. Luis Enrique Miranda Nava. Humberto Castillejos Cervantes. Tomás Zerón de Lucio. Los que han logrado mentir y ofuscar y distorsionar a tal grado que cuando un medio internacional publica una nota describiendo cómo el gobierno violó la ley reiteradamente, no pasa nada. Nada.
No pasa nada porque en la PGR hay un protector del Presidente, quien responde que el documento citado no es legal, ya que no cumple con formalidades no especificadas. Porque ha habido una acción concertada para desprestigiar todo lo asociado con los normalistas, valiéndose incluso a la medalla Belisario Domínguez para hacerlo. Porque en la era de la post-verdad, los prejuicios están desconectados de los hechos. Hechos irrefutables como los descritos en una auditoría que la PGR ahora quiere minimizar, calificándola como un “simple proyecto” o un escrito informal que nunca se terminó.
La falta de reacción ante una bomba política que abre un hoyo en el centro del caso Ayotzinapa revela algo sobre el país y es aterrador. Al igual que Estados Unidos bajo Trump, México bajo Peña Nieto ha aceptado vivir en un mundo post-verdad. Un espectáculo perfectamente controlado, Orwelliano, en el cual los hechos son “negativos”. Los hechos son “pesimistas”. Los hechos son “antipatrióticos”. Y así el gobierno logra volver a la verdad una mentira a conveniencia.
