Estamos frente a una coyuntura crucial, en la cual si permitimos que únicamente se pinte la fachada, el andamiaje institucional cuarteado quedará intacto. El andamiaje institucional corrompido permanecerá sin ser tocado, permitiendo que los fiscales no fiscalicen, las leyes no se cumplan, las reformas no se implementen, la corrupción no se combata. Seguiremos andando la ruta de siempre, la del cambio para no cambiar; la del pacto para preservar.
Por eso la importancia de reconstruir desde los cimientos, para que el nuevo edificio a cargo de fiscalizar sea sólido, fuerte, funcional. Algo que no ocurrirá con la nueva Fiscalía General de la República -que sustituirá a la Procuraduría General de la República- tal y como ha sido concebida hasta el momento. Como ha argumentado Ana Laura Magaloni, algo está mal, algo está equivocado. El diseño constitucional detrás de la "nueva" institución es erróneo, porque la reforma que condujo a su creación establece que simplemente heredará los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la PGR. Heredará un pesado lastre, un pesado fardo.
Años de mal desempeño, de incompetencia institucional, de incapacidad para perseguir delitos, llevar a cabo investigaciones creíbles, actuar como un contrapeso real y no como un poder sojuzgado. Años de ser una institución con titulares que siguen las encomiendas del Ejecutivo o crean mentiras históricas o emiten certificados de impunidad. Años de procurar la justicia a nombre de quien tenga el poder para corromperla. Creando con todo ello una cultura de vicios difíciles de combatir, complicidades imposibles de romper, inercias burocráticas difíciles de sacudir. Y por ello el imperativo de empezar "desde cero". Debatir cómo hacerlo. Aclarar competencias, facultades y alcances de la nueva Fiscalía. Profesionalizar nuevos cuerpos para integrarla. Diseñar mecanismos para que se vea obligada a rendir cuentas. Exigir que tenga la autonomía política que siempre le ha faltado a quienes procuran justicia en México.
Este espíritu de refundación también debe guiar la selección del fiscal Anticorrupción. Allí no puede quedar alguien que por genealogía esté vinculado a familias de comportamiento cuestionable, ayer y hoy. No debe quedar alguien que ha participado en transacciones financieras irregulares, ha evadido impuestos, o ha escondido bienes y negocios de los cuales se nutre. No puede quedar alguien que tenga conflictos de interés por consanguinidad o amistad con miembros del Senado o la Cámara de Diputados. No debe quedar alguien que ha amenazado de muerte a sus enemigos personales, o ha hackeado sus cuentas con la intención de divulgar su contenido a los medios. No puede quedar allí alguien con historia de violencia intrafamiliar o de pareja. No debe quedar allí alguien que ha sido cercano a la procuradora Arely Gómez, de quien será subalterno. No puede quedar alguien sin el perfil ético, temperamental y profesional para combatir a los corruptos con la ley en la mano. En ese puesto se requiere independencia incuestionable, madurez demostrada y transparencia total. Una persona con temple. Un abogado con valentía. Un profesionista con autonomía.
De lo contrario, lo que es una tarea titánica se volverá fársica. Habrá un fiscal Anticorrupción débil al que le falte independencia política, sometido a los caprichos del Senado y a las peticiones de protección del Presidente. Una versión facsimilar de Virgilio Andrade, pidiendo permiso para investigar en lugar de contar con la credibilidad y la experiencia y la autonomía para hacerlo vigorosamente. Un fiscal Anticorrupción que no sabe cómo limpiar la suciedad porque se ha beneficiado de ella.
Edgardo Buscaglia lo advierte una y otra vez: gran parte del crimen organizado está en el gobierno. Encarar esa corrupción y esa criminalidad endémica en el poder requerirá diseños institucionales distintos y designaciones personales impolutas. Si no, la fachada cambiará, pero la podredumbre que esconde la justicia seguirá allí.
